La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional avalar los decretos 1261 y 1348 de 2026, mediante los cuales el Gobierno declaró y posteriormente modificó el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el terremoto del pasado 10 de agosto.
En el concepto que fue presentado directamente por el procurador general, Gregorio Eljach, el Ministerio Público señaló que las circunstancias en las que se dieron los hechos, a los que calificó como “imprevisibles, súbitos y extraordinarios”, desbordaron las capacidades de respuesta del Estado.
En particular, señaló que las restricciones presupuestales y las limitaciones para movilizar recursos con rapidez impedían atender de manera adecuada las necesidades generadas por el desastre.
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“Los mecanismos ordinarios de gestión presupuestal resultan claramente insuficientes para atender una situación excepcional de gran magnitud”, sostuvo el Ministerio, y agregó que “las circunstancias que motivaron la declaratoria del estado de excepción golpearon de forma simultánea y desproporcionada a los territorios afectados”.
Por esa razón, el Ministerio Público consideró que el Gobierno cumplió con los requisitos para acudir al régimen de excepción, luego de verificar aspectos formales de los decretos, como la firma del presidente Abelardo de la Espriella y de sus ministros, la exposición de las razones que sustentaron la medida, la comunicación al Congreso y las notificaciones correspondientes a organismos internacionales.
Dentro de las consideraciones del aval, la Procuraduría pidió a la Corte tenga muy en cuenta ordenar que las medidas sean aplicables a los 496 municipios en los que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha reportado afectaciones, además de aquellos territorios en los que posteriormente pueda demostrarse de manera concreta que resultaron afectados por el mismo terremoto.
En el caso particular, recordó que, luego de ser modificado, el Decreto 1348 incorporó a Caquetá y Santander dentro del ámbito de la emergencia y excluyó a Putumayo, después de que se revisaran las afectaciones atribuidas al sismo.
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